Diciembre 10, 2022

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Dan inicio al trabajo de la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos

La jornada de hoy se realizó la primera sesión de la mesa de trabajo para la co-construcción de la Estrategia liderada por el Ministerio de Salud, y que cuenta con la participación de la sociedad civil, academia, colegios profesionales y gremios del sector.

Con la presencia de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, el representante de la OPS en Chile, Fernando Leanes, y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América del Sur, Jan Jarab, se dio inicio a la primera sesión de la mesa de trabajo para la Estrategia Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos.

Esta iniciativa busca avanzar en generar políticas que permitan acompañar y dar soporte colectivo a las personas cuando lo requieran, incorporando la perspectiva de género y de derechos humanos como eje de la acción y mejorando las atenciones de salud mental y la vida en comunidad.

Cabe destacar que la elaboración de normas técnicas, reglamentos y protocolos se realizará a través de reflexión colectiva, con la participación de agrupaciones de profesionales y trabajadores, sociedades científicas y, muy especialmente, expertos por experiencia y usuarios.

Medidas a corto plazo
  • Constitución del Consejo Asesor en Salud Mental. Órgano de participación social y ciudadana inédito, de carácter nacional, que tiene un foco más amplio que la protección de derechos de personas con enfermedad mental. Puede cumplir un rol importante en la agenda de corto y mediano plazo de redefiniciones de las políticas de protección de derechos.
  • Reactivación de la Comisión Nacional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedad Mental (CONAPPREM), y las Comisiones Regionales (COREPPREM). Actualmente se ha dispuesto por la Subsecretaría de Salud Pública una secretaría técnica interina para liderar este proceso y ésta ha comenzado sus tareas, con el soporte del Departamento de Salud Mental. Se espera contar con un reglamento y una nueva Comisión, así como comenzar a realizar acciones de supervisión en el plazo de 3 meses.
  • Elaboración de Norma Técnica de Terapia Electro Convulsiva (TEC). Será una actualización de los documentos normativos que establecen los estándares de procedimientos técnicos, con el fin de precisar condiciones de aplicación, delimitar las indicaciones terapéuticas de acuerdo a la evidencia disponible, determinar la consideración de capacidades de consentimiento y establecer mejores indicadores de monitoreo. En julio será dispuesto para consulta pública en la que están considerados expertos por aprendizaje (red, clínicos, académicos, sociedades científicas) y especialmente expertos por experiencia y usuarios/as.
  • Elaboración de Reglamento de hospitalización psiquiátrica. Además del desarrollo técnico por equipos MINSAL, incorpora un proceso participativo que pone especial énfasis en la inclusión de expertos por experiencia y usuarios. Su borrador estará disponible en julio y se estima que su versión final, luego del proceso participativo, se entregará en septiembre. Esta iniciativa es parte de las acciones de implementación de la Ley 21.331, que corresponde al Ministerio de Salud realizar.
  • Elaboración del Protocolo de acción frente a vulneraciones de derechos ocurridas en contextos de atención de salud mental. Permitirá estandarizar el abordaje de situaciones de vulneración, activando acciones de la red de salud, de la Comisión Nacional de Protección de Derechos de Personas con Enfermedad Mental (CONAPPREM), y las Comisiones Regionales (COREPPREM), así como también del intersector. Se estima que el borrador estará disponible en agosto y el documento final, incorporando consulta de expertos, en octubre. Esta iniciativa también es parte de las acciones de implementación de la Ley 21.331.
  • Implementación de mesa de trabajo con participación de la comunidad hospitalaria en la mesa técnica DIGERA. Mesa conformada por el jefe del departamento de seguridad y calidad del paciente, Jefa del departamento de Procesos Asistenciales, Jefa del departamento de Redes y la unidad de SM, Jefe del departamento de Gestión Territorial, referente técnico de DDHH y género y Jefa dela DIGERA. Donde se trabajarán los diferentes ámbitos de los Servicios de salud Mental de personas con enfermedad mental, levantamiento de brecha de recursos para alcanzar estándares de seguridad, rediseño del modelo de atención y gestión clínica.
Medidas a mediano plazo

Desarrollo de Plan Nacional de Desinstitucionalización de personas con discapacidad psicosocial viviendo en hospitales psiquiátricos y clínicas en convenio. Un Plan de Desinstitucionalización requiere la implementación de pasos previos que aseguren la continuidad de la atención que las personas requieren y evite poner en riesgo a personas con discapacidad psicosocial. El Departamento de Salud Mental DIPRECE, en el cumplimiento de las competencias y roles de la División, puede tomar parte de procesos de:

  • Desarrollo técnico y soporte técnico para la adaptación de instrumentos, e implementación de procesos de evaluación de necesidades de los usuarios, que permitan planificar con certeza las condiciones y requisitos de cada trayectoria de desinstitucionalización. Los instrumentos para llevar a cabo esta tarea, y sobre los que pueden realizarse las adaptaciones necesarias son Community Placement Questionaire (proyecto OMS, actualmente), Instrumento de evaluación de necesidades de apoyo (SIS).
  • Evaluación de calidad de servicios con perspectiva de derechos, que permite comprender las cualidades que los servicios tienen para permitir y sostener procesos de desinstitucionalización  (Quality Rights es un instrumento de consenso y un plan de formación de competencias que permita adquirir esta función por parte de los equipos de salud y las COREPPREM, por ejemplo, está diseñado y puede ser implementado a partir del corto plazo, con los recursos necesarios).
  • Políticas y programas de apoyo a la vida independiente. Por una parte, el diseño e implementación de una Política interministerial de apoyo a la vida independiente de personas con discapacidad psicosocial e intelectual, que implica un trabajo multisectorial y de política social que es competencia de DIPRECE y DIPOL, por ejemplo. Por otro lado, el desarrollo de una Norma Técnica de apoyos a la vida independiente, que acompañe al proceso de restructuración y fortalecimiento, liderado por DIGERA, del actual Programa de Hogares y Residencias Protegidas.
  • Asistencia técnica para el desarrollo de red de servicios comunitarios, en el marco del cumplimiento del programa de Gobierno sobre instalación de nuevos COSAM, así como mejorando la acreditación de calidad de estos servicios.

Ley de salud mental integral, que potenciará el desarrollo de una red organizada en el modelo comunitario de salud mental, y asegurará su adecuado financiamiento. Si bien la Ley 21.331 constituye un avance – que es necesario implementar – solo una Ley de salud mental integral, más amplia, permitirá asegurar un aumento de presupuesto consistente para la salud mental (compromiso de Gobierno); consagrará los aspectos clave que hagan posible profundizar una reforma de la salud mental basada en el desarrollo de una red comunitaria de atención; garantizará el establecimiento de políticas intersectoriales con compromisos estables y responsabilidades bien definidas; así como hará posible abordar las consecuencias e implicancias que tendrá para el amplio campo de la salud mental, una reforma a la salud sobre la base del compromiso del Fondo Universal de Salud. La Ley de salud mental integral es, por cierto, uno de los compromisos del Programa de Gobierno.

Más información y fuente: https://www.gob.cl/noticias/inicia-su-trabajo-la-estrategia-nacional-de-salud-mental-y-derechos-humanos/